08 de marzo de 2018
El referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre en Cataluña ha causado un gran impacto en la industria catalana. Cada vez más españoles se muestran reacios a consumir productos de la comunidad generalizando y acusando a todos sus ciudadanos de separatistas.
No es un secreto que el nacionalismo catalán lleva al pie del cañón varios años. Ya en 2014 sus partidarios demandaban decidir sobre el futuro de la comunidad. En esta ocasión fue intervenido y suspendido antes de que el Tribunal Constitucional lo pudiera llevar a cabo.
El 1 de octubre de 2017, más conocido como el 1-O, a pesar de la negación gubernamental, la coalición nacionalista celebró el tan ansiado referéndum. Según el portavoz del Govern, Jordi Turull, la participación del pueblo catalán fue de un 42%. El argumento mayoritario del 58% restante fue acoger la decisión del gobierno y, por tanto, no participar.
La intervención de las fuerzas de seguridad desató la mayor polémica, provocando que el país se volviera a dividir entre los que apoyaban a Cataluña y los que no. Esto ha afectado negativamente a la economía española en general y a la catalana en particular.
A pesar de los últimos años de auge económico, las cifras cada vez disminuyen más. Luis de Guindos, ya exministro de Economía, desvela el gran bache económico que la crisis política catalana ha dejado, pudiendo provocar una decaída en el PIB.
Los efectos del 1-O no dejan indiferente a nadie. María Jesús Fernández, economista de La Fundación de Cajas de Ahorros, ya advertía el impacto, especialmente notable en la apuesta por la inversión y la contratación, que el referéndum ocasionaría.
Según los datos recogidos por Pablo Cerezal, periodista del diario económico Expansión, la inversión extranjera en la comunidad catalana ha descendido más de un 10% respecto al último trimestre del año; en cambio, España en su conjunto ha optimizado su inversión más de un 12%.
La comunidad económica manifiesta la cada vez más retardada economía y cómo afecta al mercado laboral. Los economistas prevén que por cada décima que la economía reduce su ritmo, aproximadamente 15.000 puestos de trabajo se pierden.
Según los datos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística, a medida que el conflicto se perpetúe el comercio decrecerá. La comunidad catalana se verá severamente afectada reduciendo su comercio en un 3,9%.
La reputación corporativa de las empresas catalanas se está viendo cada vez más resentida. El posicionamiento en el mercado de sus marcas está bajando inminentemente según expone Lucio A. Muñoz, periodista de El Economista.
Según el informe del Reputation Institute un 23% de los consumidores españoles, a excepción de los catalanes, ha dejado de consumir productos catalanes y un 21% se lo está replanteando. Si Cataluña se independizará, las cifras ascenderían a un 49,1%, suponiendo la pérdida de veinte millones de euros aproximadamente.
Más de 3.000 compañías, en vistas de la devaluación de la marca catalana, han traslado su sede a otras regiones españolas. Entre ellas destacan: Oryzon Genomics la primera en trasladarse tan solo tres días después del 1-O; Donuts, trasladada a Madrid al mismo tiempo que Bimbo, su empresa matriz; y Pastas Gallo, que actualmente se encuentra en Córdoba. A diferencia de las otras, Pastas Gallo fue concisa en los motivos de su traslado proclamando que buscaba favorecer la seguridad jurídica e intereses de sus clientes, empleados y accionistas dándoles una mayor estabilidad.
Fuente: 20minutos. Gráfico que muestra algunas de las empresas más importantes que se han ido de Cataluña en los últimos meses.
A su vez, las empresas que han permanecido neutrales también se han visto afectadas por el rechazo del consumidor español. La mayoría de los consumidores a pesar de reclamar que las empresas se declaren a favor o en contra de la independencia, tienden a catalogar todos los productos catalanes como independentistas sin preocuparse de investigar la ideología de la empresa.
Las distensiones que se han generado desde el 1-O han arremetido incluso contra la industria deportiva y musical. Desde el tan resonado caso de Piqué y la selección española hasta las críticas generadas hacia Aitana y Alfred, cantantes de la última edición de Operación Triunfo.
El futbolista catalán Gerard Piqué se ha visto severamente afectado por incentivar, a través de las redes, al voto en el referéndum. Muchos de sus seguidores han interpretado sus palabras como una actitud separatista llegando incluso a cuestionar su papel en la selección. El contratiempo logró resolverse hablando y ante todo se pidió respeto en el campo. El futbolista en todo momento ha proclamado que jugar con la selección es un orgullo y una gran motivación.
Los triunfitos tuvieron que hacer frente a numerosas réplicas poco después de salir del concurso. En el caso de Alfred, días después de que fuera elegido para representar a Eurovisión junto con Amaia, varios seguidores publicaron antiguas fotos del cantante en la celebración del Día de Cataluña. En la foto aparecían banderas con la estelada, en todas las entrevistas que le han hecho ha proclamado que no hizo la foto con intención política y que su interés está únicamente en la música.
Dos días después de salir del concurso Aitana subió una foto firmando el libro de honor junto al alcalde de su pueblo que fue objeto de numerosas críticas y enfrentamientos. La catalana iba vestida de amarillo al igual que el lazo de apoyo a los presos políticos que llevaba el alcalde de Sant Climent. Un gran número de sus seguidores interpretaron la elección del color como un acto político. Sin embargo, el mismo alcalde aseguró en todo momento que la cantante no tenía relación con la causa y que no fue más que una coincidencia.
Entre los famosos que se han proclamado independentistas destacan: Pep Guardiola, entrenador del Manchester City; Santi Millán, actor y presentador y Karmele Marchante, colaboradora del programa Sálvame. Esta última, cuya postura es compartida por la amplia mayoría separatista, afirma que Cataluña es la comunidad que mayor valor ingresa, pero la que menos recibe.
Lo cierto es que no hay una posición correcta y una incorrecta, ambas partes tienen sus argumentos y opiniones que, en todo caso, deben ser respetadas. Deberían dialogar para entenderse mutuamente y llegar a un acuerdo. Si la situación siguiera así, el descrédito de los consumidores y de las empresas aumentaría influyendo bruscamente en la economía del país.