Período 2000-2018 (07 de mayo de 2020)
El inicio del siglo XXI en Nigeria estuvo marcado por numerosos conflictos y enfrentamientos debido a las diferentes disputas por el agua y los recursos hídricos de este país. Para analizar los conflictos más importantes que han tenido lugar en Nigeria durante el transcurso de este siglo hemos recurrido al estudio del Pacific Institute.
En su listado se pueden encontrar ocho conflictos relevantes en Nigeria en este periodo de tiempo. Grosso modo, todos los conflictos, excepto el conflicto en el Delta del Níger, están clasificados como trigger, es decir, la disputa por los recursos hídricos fueron el detonante del conflicto. Por otro lado, el conflicto en el delta está categorizado como casualty, lo que supone que los enfrentamientos acontecieron debido a que los recursos hídricos de la zona fueron dañados.
Para realizar este análisis se han aglutinado los conflictos en tres apartados diferentes, uno para cada conjunto de enfrentamientos que han tenido lugar en este siglo. El primer apartado trata sobre el conflicto en el Delta del Níger y su contaminación por los vertidos de la industria petrolera del país; el segundo, sobre las diferentes protestas violentas que se dieron en 2008 mayoritariamente en Abuja, la capital, debido al incremento del precio del agua; y el tercero, sobre el continuo conflicto entre pastores y granjeros por la disputa de los recursos hídricos de la región.
Conflicto en el Delta del Níger
El Delta del Níger es la región productora de petróleo más importante en África. Además, es una región altamente poblada y un lugar que durante muchos años ha sufrido graves vertidos de petróleo que han dañado el medio y la vida de sus habitantes (Amnistía Internacional, 2018a).
De acuerdo con los datos aportados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de 2017, el sector del petróleo y del gas representan alrededor del 10% del PIB del país. Por otro lado, los ingresos por exportaciones de petróleo representan aproximadamente el 86% de los ingresos totales por exportaciones.
Es uno de los diez lugares más contaminados del mundo según el listado de la organización ecologista Green Cross Suiza en colaboración con el Instituto Blacksmith de EE. UU. Según esta investigación, en el delta se vierten una media de 240.000 barriles de petróleo anualmente (Green Cross, 2013). Siguiendo los datos de la OPEP, Nigeria cuenta con unas reservas de 36.975 millones de barriles de petróleo.
La mayor parte de la población que habita en el Delta del Níger no tiene acceso a agua potable. Son muchas las comunidades que tienen que beber agua no tratada procedente de pozos y aguas superficiales. Esto provoca que su población tenga graves problemas de 15 salud causados por las enfermedades transmitidas por aguas no aptas para su consumo (Amnistía Internacional, 2009).
Las personas que viven en esta región tienen que utilizar el agua de los canales y ríos, que está contaminada, para bañarse y realizar otras actividades domésticas como cocinar y lavar. La contaminación supone un peligro para estas personas, sobre todo para aquellas cuya única fuente de agua potable son estos ríos y canales contaminados. Asimismo, el pescado que comen también está contaminado con petróleo y otras toxinas (Amnistía Internacional, 2009).
Según el reporte de Amnistía Internacional (2009), esta continua contaminación a la que están sometidas la población del delta provoca “la violación del derecho a la salud y a un medioambiente saludable, del derecho a un nivel de vida adecuado (incluido el derecho al agua y la alimentación) y del derecho a ganarse el sustento mediante el trabajo”.
Según el informe Petróleo, contaminación y pobreza en el Delta del Níger de Amnistía Internacional de junio de 2009, las grandes petroleras como son Shell y Eni han provocado grandes vertidos de petróleo en zonas pesqueras y locales de Nigeria que incidieron sobre la actividad económica y sobre la población que habitaba la zona.
Ejemplo de ello el vertido de gran magnitud que se produjo en Batan en 2002. Según el informe, este vertido procedió de una tubería subterránea y provocó que “las mujeres locales estallaron en gemidos al ver los montones de peces muertos como resultado de la contaminación” (Amnistía Internacional, 2009).
La solución que dio Shell fue quemar crudo, es decir, una técnica que “deja una capa permanente de petróleo de varios metros de grosor” o “poniendo el crudo en huecos”. Sin embargo, esto es una solución temporal, puesto que en periodo de lluvias el petróleo fluirá y volverá a llegar a los ríos y arroyos (Boletín de la Red Oilwatch, 2003).
En vistas de esta situación, el pueblo Ijaw, uno de los pueblos que habitan en el Delta del Níger, se levantó en 2003 para reclamar una mejor situación y poner fin a la opresión que sufrían por parte del gobierno y de las petroleras. Estas regiones, que son esencialmente pesqueras y agricultoras, han visto sus tierras arruinadas y sus fuentes de agua contaminadas por los numerosos vertidos de petróleo.
Según los datos recogidos por el Pacific Institute, en julio de 2003 un grupo de mujeres protestaron para salvaguardar las normas petroleras. Para ello bloquearon el acceso al agua en una base naval en el Delta del Níger. Esta protesta es una de las protestas que más repercusión han tenido en la historia del Delta del Níger.
Estas mujeres procedían de diversos pueblos y clanes. En su mayoría eran mujeres del pueblo Ijaw, concretamente de los clanes Gbaramatu, Esaba, Ogbe-Ijoh y Egbema. Además de otras mujeres procedentes de los pueblos Urhobo y Ilaje y de los grupos étnicos Itsekiri e Isoko. Juntas provocaron que las petroleras Chevron, Shell y Elf cerraran sus instalaciones (Boletín de la Red Oilwatch, 2003).
La operadora de oleoductos Shell provocó en 2008 y 2009 dos enormes vertidos de petróleo en Bodo, un pueblo pesquero, que tuvieron unas consecuencias catastróficas para el medioambiente y para su población. Según Amnistía Internacional (2018), el vertido fue tal que el petróleo perduró en los ríos y arroyos durante varias semanas. Muchos peces murieron y, por tanto, la actividad económica de la región se vio muy afectada.
A pesar de que la petrolera pagara aproximadamente 75 millones de dólares a la comunidad en concepto de indemnización por los daños ocasionados, el Delta del Níger sigue expuesto a un continuo envenenamiento de sus tierras y aguas que acarrea graves consecuencias para su economía y para la salud de sus habitantes (Amnistía Internacional, 2018a).
Según un artículo de Amnistía Internacional (2018a), desde 2011 a 2017 se vertieron aproximadamente 21,7 millones de litros de petróleo, lo que puede equipararse con nueve piscinas olímpicas.
Según Cerrillo (2016), el resultado de todos estos vertidos conlleva “impactos ambientales y sociales irreparables, así como un altísimo nivel de violencia”. Como consecuencia de la continua opresión y situación marginal que sufren las personas de esta región, a lo largo de estos años han surgido grupos como el Movimiento por la Emancipación del Delta del Níger (MEND) y los Militantes de la Fuerza de Voluntarios del Pueblo del Delta del Níger (NDPVF). Estos grupos han llevado a cabo detenciones ilegales, torturas y ejecuciones.
El 5 de junio de 2000 el presidente nigeriano Olusegun Obasanjo creó la Comisión para el Desarrollo del Delta del Níger (NDDC) para desarrollar esta región a nivel económico, social y ecológico Obi (2010). Sin embargo, según Martínez (2019), “el fallo de los movimientos no violentos del siglo pasado”, llevó a que otros grupos establecieran campañas violentas de sabotaje a la industrias petrolera del Delta del Níger y secuestraran a sus trabajadores.
A mediados de la primera década del siglo, hubo numerosos ataques contra las petroleras que provocaron que se cancelaran entre el 25% y el 40% de las exportaciones de petróleo (Obi, 2010). Además, estos grupos también recurrían a la piratería para tratar de atacar y disminuir la actividad de las petroleras (Martínez, 2019).
Protestas violentas en Nigeria (2008)
De acuerdo con los artículos de Yakubu, publicados en el Daily Trust, estas protestas tuvieron lugar el tres y el trece de marzo de 2008 en Abuja, la capital de Nigeria. En ambos casos, las protestas surgieron por el incremento del precio del agua en la región. Según el Pacific Institute, resultaron en violencia e incluso algunos vendedores de agua fueron golpeados.
La primera protesta tuvo lugar el tres de marzo en Nyanya, un suburbio de Abuja, a raíz de que el precio del agua incrementara en más de un 5%. Según Yakubu (2008a), Hussein, un vendedor en la región, dijo que cuando fue al pozo a recoger agua descubrió que los precios de los bidones de agua habían aumentado de N70 (0,17 euros) a N80 (0,18 euros).
El trece de marzo otros vendedores de agua protestaron en la ciudad de Mararaba, también en Abuja. Según recoge el artículo de Yakubu (2008b), los vendedores de agua se organizaron y trataron de evitar los pozos que habían incrementado su precio en N10 (0,025 euros), mientras tanto recurrieron a aquellos que no habían modificado su precio.
Según el informe económico y comercial de Nigeria (2017), uno de los problemas que padecen los nigerianos y su industria es el constante incremento en las tarifas de agua y de luz. Por otro lado, Lagos, la ciudad más grande de Nigeria, cuenta con 21 millones de residentes que tienen problemas para encontrar agua potable e instalaciones sanitarias apropiadas (Iagua, 2016). Además, la red de distribución de agua de esta ciudad sufre constantes fugas y su infraestructura física está degradada (Mitlin et al., 2019).
Naciones Unidas ha estimado que tan solo uno de cada diez lagosenses tienen acceso al agua que es suministrada por el Estado (Europa Press, 2016). En definitiva, tan solo el 10% de sus habitantes disponen de agua potable, mientras que los 20 millones restantes tienen que depender de fuentes alternativas poco confiables (Mitlin et al., 2019).
De acuerdo con la investigación de Akpe (2012), entre los años 2008 y 2010 se hicieron pocos progresos para reducir este problema y suministrar un mayor acceso a agua potable para los ciudadanos de la capital nigeriana. Según los datos recogidos por la investigadora, durante esos años solo el 7% de los hogares tenía acceso a agua potable; el 43% de los residentes dependían del agua de ríos y arroyos y el 27% dependía de los pozos de la región. Las autoridades nigerianas achacaban esta situación al crecimiento inesperado de la población provocado por el traslado de muchos ciudadanos a la urbe (Akpe, 2012).
Conflictos sobre el agua entre pastores y granjeros (2011-2018)
Numerosos pastores, mayoritariamente del pueblo nómada fulani, emigraron a Nigeria y se situaron a lo largo del río Níger en busca de recursos hídricos y terrestres para subsistir. Según Ritter (2018), la escasez de agua y de tierras donde pastar son los desencadenantes de estos conflictos. Como consecuencia de las prolongadas sequías, la tierra fértil se está volviendo cada vez más desértica. Es por esto por lo que los pastores tuvieron que establecerse en nuevas tierras; sin embargo, estas zonas donde ahora pasta el ganado eran tierras agrícolas. Entre un 50% y un 75% de la tierra del norte de Nigeria está dejando de ser fértil y se está convirtiendo en desierto (Ritter, 2018).
Los agricultores y pastores han coexistido a lo largo de los años gracias a acuerdos tradicionales para gestionar el uso de la tierra y el agua. Habitualmente se recurría a ofrecer regalos o intercambiar leche a cambio del derecho a utilizar esa tierra para el ganado. Sin embargo, a comienzos del año 2000 los gobiernos locales de muchas regiones alrededor del río Níger descentralizaron la gestión de los recursos naturales (McAleer, 2014).
En los últimos años, poco a poco, los consejos locales han ido ganando autoridad a costa de los ancianos de las aldeas, que eran los que tradicionalmente gestionaban las tierras y el acceso al agua. No obstante, este cambio no ha sido sincronizado y ha provocado que muchos pastores al llegar a una aldea no supieran qué reglas tenían que acatar (McAleer, 2014).
La inestabilidad y la falta de acuerdo han provocado casi una década de conflictos entre pastores nómadas y agricultores que ya ocupaban esas tierras. Los recursos van disminuyendo poco a poco y el conflicto cada vez es más complejo, además se refuerza en sus diferencias étnicas, religiosas y políticas (Ritter, 2018). Asimismo, el creciente estrés por el cambio medioambiental y la confusión en las instituciones han tensado la relación entre estos dos grupos y han dado lugar a un bucle de violencia (McAleer, 2014).
Entre las causas fundamentales detrás de este conflicto se encuentran diversos factores como el cambio climático, que produce sequías y fuertes desertificaciones; el crecimiento de la población y, por tanto, la pérdida de tierras para el ganado debido a la expansión de asentamientos humanos; nuevas prácticas ganaderas y agrícolas; delincuencia rural y robo de ganado; luchas políticas y étnicas que se han visto intensificadas por la propagación de armas ilegales; y cambios culturales que han dificultado la gestión del conflicto (International Crisis Group, 2017).
Según McAleer (2014), Nigeria tiene la séptima tasa de crecimiento más alta del mundo. Esto provoca que haya un gran aumento de la actividad agrícola y ganadera en una región que cada vez dispone de menos tierra fértil. Debido a que las fuentes de agua superficial se vuelven imprescindibles en un clima semiárido, las granjas tienden a localizarse alrededor de los pozos de agua y ríos. Como consecuencia, cada vez a los pastores les resulta más difícil acudir a los pozos sin invadir las tierras agrícolas.
Según Ritter (2018), entre 2011 y 2015 se dieron un total de 371 eventos violentos en el centro de Nigeria entre pastores y granjeros, mientras que entre 1997 y 2010 solo hubo 18 conflictos.
De acuerdo con Agence France-Presse (2018), en 2001 la tensión entre pastores y granjeros empezó a ser más palpable en estados como Plateau; sin embargo, no fue hasta 2008 cuando culminó. Ese año el enfrentamiento provocó una serie de ataques y disturbios masivos que acabaron con la vida de 800 personas en una semana. Por otro lado, entre enero y marzo de 2010, más de 1.000 personas fueron asesinadas.
Año 2014
El uno de abril de 2014 el presidente Jonathan Goodluck, que estuvo en cargo desde 2010 a 2015, ordenó la movilización de operaciones militares en los estados de Benue, Plateau y Nasarawa con el fin de detener el conflicto (AllAfrica, 2014). El enfrentamiento de los pastores fulani y los agricultores de la localidad de Agatu y del grupo etno-lingüístico tiv por el acceso a las tierras y a los puntos de agua provocaron la intervención militar del Estado (Pacific Institute, 2019).
En el caso de Benue, los conflictos se agravaron a causa de las tensiones religiosas que existían entre los agricultores cristianos y los pastores musulmanes. En los primeros meses de ese año el enfrentamiento ya se había cobrado más de 200 vidas (McAleer, 2014).
Desde diciembre de 2013 hasta abril de 2014, según Magnowski (2014), el conflicto entre granjeros y pastores se cobró la vida de más de 1.000 personas. Los estados más afectados durante estos meses fueron Benue, Kaduna, Plateau, Nasarawa y Taraba.
Año 2016
Según el informe del International Crisis Group (2017), este conflicto se cobró 2.500 vidas solo en 2016. Por otro lado, el estudio de Amnistía Internacional (2018b) documentó un total de 814 muertes debido a enfrentamientos entre pastores y granjeros. Según el último, los meses en los que hubo más víctimas fueron marzo, con 162; noviembre, con 124 y julio, con 123.
Año 2017
Según el informe anual de Amnistía Internacional de 2017, en febrero de ese año al menos 45 personas fueron asesinadas en el estado de Benue. En abril, otras nueve personas murieron a manos de ganaderos en el estado de Enugu. De acuerdo con este informe, la comunidad había alertado a las autoridades del ataque, pero no recibieron ningún respaldo, ni impidieron el conflicto.
En mayo, otras dos personas perdieron la vida en el estado de Ekiti. Tres meses después, como respuesta a este continuo conflicto, la autoridad de Ekiti promulgó una ley que prohibía la presencia del ganado en aquellas tierras estatales que no estuvieran designadas para esta actividad (Amnistía Internacional, 2017).
En septiembre de 2017, News24 informó de que al menos diez personas habían sido arrestadas tras protestar en el noreste de Nigeria por mejor agua, alimentos y atención médica en los campamentos temporales en el estado de Borno. Estas personas habían sido desarraigadas de sus hogares a causa de la insurgencia del grupo terrorista Boko Haram (News24, 2017).
Además, en las afueras de Maiduguri, también en Borno, alrededor de 3.000 personas de los campamentos de Dalori protestaron también para exigir mejores condiciones. Las agencias de ayuda para alimentos, agua y atención médica fueron indispensables, ya que la insurgencia del grupo terrorista dejaba cientos de miles de personas al borde de la hambruna (News24, 2017). El conflicto entre las fuerzas armadas del Estado y Boko Haram causaron una crisis humanitaria que afectó a más de 14 millones de nigerianos (Amnistía Internacional, 2017).
En total, durante este año perdieron la vida al menos 549 personas debido al conflicto entre pastores nómadas y granjeros locales (Amnistía Internacional, 2017). Sin embargo, un análisis más reciente documenta un total de 759 muertes. Los meses en los que más personas fueron asesinadas fueron junio, con 144 muertes; diciembre, con 105 y noviembre, con 93 (Amnistía Internacional, 2018b).
Año 2018
Según Matfess (2018), el conflicto entre pastores y agricultores se cobró cientos de vidas en el transcurso de los primeros meses de 2018. En enero hubo un pico de violencia, solo en ese mes se reportaron 91 eventos violentos relacionados con los fulani y se perdieron 302 vidas, tanto de pastores como de granjeros. De acuerdo con el estudio, “la intensidad de la violencia en 2018 hasta el momento (septiembre) es una anomalía”.
El conflicto no solo ha afectado a Nigeria, sino que ya se ha extendido hasta otros países como Malí. En marzo de 2018 al menos ocho personas murieron a causa de este conflicto en Bamako, la capital de Malí, que se encuentra a orillas del río Níger. Durante ese mes en toda la región, tanto en los territorios pertenecientes a Malí como a Nigeria, el enfrentamiento entre los pastores fulani y los agricultores dogón se cobraron 25 vidas (ENCA, 2018) y hubo aproximadamente 40 eventos violentos (Matfess, 2018).
El 24 de abril de 2018 un nuevo conflicto tuvo lugar en Nigeria, esta vez en el estado de Benue. Los pastores de la zona asesinaron a 18 personas en una iglesia de la región, de las cuales dos eran sacerdotes. En represalia, once personas más fueron asesinadas y se atacaron dos mezquitas (Müller-Jung & Oneko, 2018). En este mes hubo un segundo pico de violencia con más de 50 conflictos violentos que involucraban a los fulani.
El estudio publicado por el International Crisis Group en 2018 informa de que durante la primera mitad de ese año más de 1.300 nigerianos fueron víctimas mortales del conflicto entre pastores y agricultores. Este conflicto se ha cobrado seis veces más vidas civiles que la insurgencia de Boko Haram (International Crisis Group, 2018). Por otro lado, el estudio de Matfess (2018) expone que, desde inicios de año hasta octubre, 1.869 muertes se atribuyeron a las milicias de pastores fulani; mientras que en el mismo período de tiempo se atribuyeron 1.536 muertes al grupo terrorista Boko Haram.
Según Voice of America (2018), en junio de 2018 más de 100 personas fueron asesinadas por este conflicto en diferentes aldeas; en septiembre de ese mismo año, once personas fueron asesinadas y otras once resultaron heridas, también como consecuencia del conflicto comunal entre pastores y agricultores. Ambos conflictos tuvieron lugar en diferentes aldeas del estado de Plateau. La situación en este estado era tal que incluso el gobernador del estado, Simon Lalong, impuso un toque de queda desde las seis de la tarde a las seis de la mañana en un intento de controlar la situación (La Vanguardia, 2018).
Durante el transcurso de 2018 los estados de Plateau y Benue sufrieron numerosos ataques de pastores del grupo étnico fulani como consecuencia de su continua búsqueda de tierras de pastoreo y de agua para sus aldeas.
Según el informe The Harvest of Death - Three Years of Bloody Clashes Between Farmers and Herders in Nigeria publicado por Amnistía Internacional (2018b), al menos 3.641 personas fueron asesinadas entre enero de 2016 y octubre de 2018 debido a los enfrentamientos entre pastores y granjeros.
En 2018 tuvieron lugar el 57% de estas muertes, es decir, 2.082 asesinatos. Los meses en los que murieron más personas a causa de este conflicto fueron junio, con 444 muertes; abril, con 354 y junio, con 278.
Amnistía Internacional ha documentado 312 eventos violentos entre estos dos grupos. El conflicto ha afectado a 22 de los 36 estados en los que se divide Nigeria. Los estados más afectados fueron Benue, con 726 muertes; Adamawa, con 540 y Plateau, con 492 (Amnistía Internacional, 2018b).
¿Qué medidas se han propuesto para solucionar el conflicto?
Según Goldface-Irokalibe (2008), profesor de Derecho Nacional e Internacional de Aguas en Nigeria, la gestión de Nigeria en cuanto a recursos hídricos no cumple bien su función debido a tres características fundamentales:
a) Posee un base de datos incompleta. Según aseguraba Goldface-Irokabile en 2008, en más de una década no se había publicado ningún informe sobre los recursos hídricos del país.
b) La gestión del agua está sujeta a una responsabilidad fragmentada. Afirmaba que no había, entre otras cosas, responsabilidades marcadas, normativas sobre la calidad obligatoria del agua, ni sanciones contra los contaminadores.
c) Cuenta con un marco institucional débil. Las Autoridades para el Desarrollo de Cuencas Hidrográficas (ADCH) son, al mismo tiempo, reguladoras del agua y usuarias. Las ADCH detonan una falta de coordinación esencial. Asimismo, el Instituto Nacional de Recursos Hídricos (INRH), el cual tiene la función de investigar y fomentar proyectos en materia de recursos hídricos no dispone de fondos suficientes, ni de mano de obra, y tiene el equipamiento inadecuado, por lo que no puede cumplir con su función.
Debido a estas características, Goldface-Irokalibe propuso la necesidad de una ley del agua y de un mecanismo regulador sobre la misma. Entre sus propuestas se encuentra la creación de una Comisión Nacional del Agua para conseguir una coordinación intersectorial, la fijación de precios y la resolución de conflictos. Como organismo regulador, la Comisión debería ocuparse de la concesión de licencias de agua atendiendo a criterios técnicos; fijación de tarifas del agua; supervisión y aplicación de normativa; control de la competencia y de los abusos por monopolio; resolución de conflictos por recursos hídricos; capacidad de imponer sanciones cuando se incumplan las medidas y la prestación de asesoramiento a la ciudadanía.
Un informe de la Organización Mundial de la Salud de 2012 estimó que el costo de invertir en una cobertura de agua a nivel internacional en las áreas urbanas sería de 141 mil millones de dólares anuales durante cinco años. Por otro lado, los efectos económicos y medioambientales negativos que provoca el agua no potable y su saneamiento inadecuado suponen un gasto anual de 260 mil millones de dólares.
Campañas activistas como Our water, our right han organizado diferentes protestas en el estado de Lagos con el fin de acabar con cualquier tipo de privatización o de asociación público-privada. La organización Environmental Rights Action/Friends of the Earth Nigeria (ERA/FoEN) considera que el establecimiento de los tribunales del agua es una violación de los derechos de los ciudadanos nigerianos, en este caso lagonenses, al agua (ERA/FoEN, 2016).
Según Cerrillo (2016), las comunidades locales que subsisten en las orillas del Delta del río Níger han denunciado en numerosas ocasiones las prácticas ilegales de la industria petrolera como la quema del gas residual. Como consecuencia directa de las continuas fugas y vertidos de crudo, se ha causado el perjuicio de la vegetación y las cosechas se han resentido por la lluvia ácida. Asimismo, según el autor, la exposición prolongada a esta contaminación ha provocado un “aumento de abortos, deformaciones congénitas, enfermedades respiratorias y casos de cáncer” en la población.
De acuerdo con ERA/FoEN (2016), el activista nigeriano Akinbode Oluwafemi incitó al gobierno estatal de Lagos a que invirtieran recursos financieros en fortalecer el sistema para que más personas tuvieran acceso al agua. Como muestra de solidaridad, la organización estadounidense Corporate Accountability International puso en marcha una petición internacional a favor de la lucha de los nigerianos (Lavinia & Kishimoto, 2017).
Según EnviroNews (2017), el 20 de febrero de 2017 la Cámara de la Asamblea del Estado de Lagos aprobó el Proyecto de Ley de Medio Ambiente por el que cual se pretendía penalizar la extracción de agua en fuentes naturales si no se requería de la autorización de las autoridades. Esta ley tuvo una gran oposición, ya que gran parte de la población estaba atravesando una importante crisis hídrica (Lavinia & Kishimoto, 2017).
El 27 de septiembre de 2018, Amnistía Internacional instó a una acción urgente para ayudar a la población que habita en el Delta del Níger. Según este documento, el gobierno y empresa petrolera Shell debían garantizar un suministro regular de agua no contaminada, puesto que estas personas estaban obligadas a consumir agua contaminada o a precios inasequibles (Amnistía Internacional, 2018c).
La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) se reunió el 26 de abril 2018 para discutir sobre las diferentes soluciones que podrían darle al conflicto entre pastores y granjeros, en esta época había alcanzado su punto álgido. Según Ritter (2018), llegaron a la conclusión de que era necesario resolver los problemas de uso de la tierra y del agua en las zonas más conflictivas.
Por otro lado, de acuerdo con Müller-Jung & Oneko (2018), los miembros de la CEDEAO llegaron a la conclusión de que este problema era regional, debido a que los pastores nómadas tenían que cruzar las diferentes fronteras para poder subsistir. Una mayor inversión en la gestión del ganado, el sustento de los pastores y una política agrícola común son necesarios para la resolución del conflicto.
El análisis que se presenta concluye en el año 2018, pero el conflicto entre pastores y granjeros es una evidencia. Aunque no se comentan tantos crímenes como en años anteriores, las disputas por los recursos hídricos siguen acabando con la vida de muchas personas. A principios de abril de 2020 el diario Leadership informaba de que algunos residentes del estado de Ondo habían huido de la comunidad debido a los constantes ataques de pastores (Fayehun, 2020).
Esta es tan sola una parte del análisis completo. Para consultar el desarrollo de los conflictos por el agua en Nigeria en los períodos 1980-1990 y 1990-2000, así como las conclusiones y la bibliografía, haz clic aquí.